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Los movimientos sociales, y ciudadanos y ciudadanas del mundo, reunidos en Tiquipaya, Bolivia, los días 20 y 21 de junio de 2017, tras escuchar los testimonios de migrantes y refugiados, y debatir colectivamente desde nuestra memoria histórica y la pluralidad de nuestras identidades, aprobamos la siguiente Declaración, a fin de poner de manifiesto nuestra visión y propuestas ante los Estados y la Comunidad Internacional con relación a la denominada crisis migratoria.

Los pueblos del mundo somos conscientes de la necesidad de seguir impulsando con mayor fuerza un nuevo orden mundial, cuyas características sean:

  • El establecimiento de las relaciones de complementariedad, equidad y solidaridad entre las personas y pueblos; el reconocimiento y universalización del acceso a los servicios básicos como derechos fundamentales, mismos que no pueden ser objeto de lucro y especulación de grupos privados.
  • La más amplia participación ciudadana en la elaboración e implementación de las políticas públicas trascendiendo a las oligarquías, dinastías, monarquías y otras formas de jerarquías políticas.
  • Una nueva arquitectura financiera internacional, donde no existan organismos multilaterales al servicio del capital transnacional y garantizar la propiedad social de los recursos naturales.
  • La convivencia armónica con la Madre Tierra y el respeto de sus derechos; asumiendo que la naturaleza puede vivir sin los seres humanos, pero los seres humanos no podemos vivir al margen de ella, conculcando sus derechos y destruyendo el hábitat.
  • La construcción de la paz verdadera, que no solo es la inexistencia de conflictos bélicos, sino también la superación de la violencia estructural que se traduce en el acceso equitativa de la riqueza y las oportunidades de desarrollo.

Hemos verificado como principales causas de esta crisis los conflictos bélicos e intervenciones militares, el cambio climático y las enormes asimetrías económicas entre los Estados y al interior de ellos. Estas situaciones destructivas tienen su origen en el orden mundial dominante, que en su voracidad desmedida por el lucro y la apropiación de los bienes comunes genera violencia, promueve desigualdades, y destruye a la Madre Tierra. La crisis migratoria es una de las manifestaciones de la crisis integral de la globalización neoliberal.

La movilidad humana es un derecho arraigado en la igualdad esencial del ser humano. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, no responde a una decisión voluntaria de las personas sino a situaciones de necesidad que llegan a extremos de una migración forzada. Al dolor del desarraigo se suman las situaciones de injusticia, exclusión, discriminación y explotación que sufren las personas en tránsito y en los países receptores que atentan contra su dignidad, sus derechos humanos elementales, y en no pocas ocasiones, contra su propia vida.

Los discursos hegemónicos, potenciados por las corporaciones mediáticas trasnacionales, promueven una visión negativa de los migrantes, ocultando los aportes que éstos realizan a los países receptores en términos económicos, demográficos y socioculturales. Vemos con preocupación el avance de posiciones neocoloniales, intolerantes y xenofóbicas que atentan contra la cooperación entre los Pueblos y constituyen una verdadera amenaza para la paz mundial. Paradójicamente, estas posiciones se sostienen desde los centros de poder global, principales responsables de la violencia estructural, la inequidad planetaria y el cambio climático, en perjuicio de los acreedores de la deuda social y ambiental: los pobres y los pueblos pobres.

Es por ello, que desde las bases sociales promovemos el siguiente decálogo de propuestas para derribar los muros que nos dividen y construir una Ciudadanía Universal, que consagre el derecho de todos y todas a tener y gozar en plenitud de los mismos derechos, para el vivir bien de la humanidad.

1. Superar la perspectiva hegemónica de política migratoria que plantea una gestión de las migraciones de manera “regular, ordenada y segura”, por una visión humanista que permita “acoger, proteger, promover e integrar” a las personas migrantes.

2. Rechazar la criminalización de la migración que encubre falsos enfoques de seguridad y control. De manera particular exigimos la eliminación de los “centros de detención de migrantes”.

Exigir la destrucción de muros físicos que separan a los pueblos; muros invisibles legales que persiguen y criminalizan; muros mentales que utilizan el miedo, la discriminación y la xenofobia para separarnos entre hermanos. De igual manera, denunciamos los muros mediáticos que descalifican o estigmatizan a los migrantes, y apostamos por promover la creación de medios alternativos de comunicación.

3. Crear una Defensoría Mundial de los Pueblos por los Derechos de las personas migrantes, refugiados, asilados, apátridas, víctimas de trata y tráfico, que promueva la libre movilidad y los derechos humanos.

Solicitamos al pueblo y al gobierno de Bolivia, gestionar la creación de una secretaria de coordinación para efectivizar el cumplimiento de las resoluciones de esta declaración de la Conferencia Mundial de los Pueblos por un Mundo sin Muros hacia la Ciudadanía Universal.

4. Exigir a los gobiernos la creación y/o fortalecimiento de Ciudadanías Regionales que permitan la movilidad intrarregional y el pleno ejercicio de sus derechos, como puente hacia una ciudadanía universal.

5. Demandar que los gastos públicos destinados a la guerra y la criminalización de los migrantes, sean utilizados para la creación de programas de integración, que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de las personas migrantes y sus familias.

6. Impulsar políticas locales que permitan ciudades y sociedades integradoras, donde se hagan efectivos en la vida cotidiana de los migrantes los derechos a vivienda, salud, educación, seguridad social, bajo los principios de complementariedad, solidaridad, hermandad y diversidad.

7. Convocar a todos los gobiernos del mundo a luchar de manera conjunta contra las redes criminales que trafican con seres humanos, y declarar la trata y el tráfico de personas como delito lesa humanidad.

8. Actualizar, fortalecer y avanzar en el sistema multilateral y sus instrumentos internacionales referidos a migrantes, refugiados y sus familias, en especial:
a) la “Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares”, ya que ésta no ha sido ratificada por ningún país del norte receptor de migrantes;
b) la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de ACNUR e incorporar nuevas concepciones referentes a desplazados y refugiados climáticos.
c) Participar activamente en la negociación del Pacto Mundial que se celebrará el 2018 en Naciones Unidas;
d) Proclamar en la Asamblea General de las Naciones Unidas el Decenio Internacional para un Mundo sin Muros hacia la Ciudadanía Universal.

9. Superar el enfoque de “fronteras rígidas” por una visión que las entienda como puentes de integración para la unidad entre los pueblos y la acogida de los migrantes, donde la lucha contra el crimen trasnacional organizado se encare en un marco de cooperación entre los Estados.

Impulsar el vivir bien en los lugares de origen de las personas migrantes, para que la movilidad sea siempre voluntaria y no forzosa como efecto de la pobreza, la violencia y el cambio climático, denunciando el impacto del accionar irresponsable de las empresas trasnacionales, y aplicando sanciones a aquellas que atenten contra la permanencia de las familias en su lugar de origen.

10. Promover la movilización popular a escala mundial, para que se reconozca en las instancias intra e internacionales el carácter inalienable de los derechos de las personas en movilidad para derribar los bloqueos, intervenciones y muros, que unilateralmente levantan los poderosos para perpetuar la desigualdad y la injusticia social en el mundo.