Fuente: Organización Internacional del Trabajo
La OIT revela que las ganancias ilegales provenientes del trabajo forzoso de alrededor de 21 millones de personas ascienden al triple de las estimaciones anteriores.
El trabajo forzoso en la economía privada genera ganancias anuales ilegales de 150.000 millones de dólares, alrededor de tres veces más de la cifra estimada anteriormente, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El informe de la OIT, «Ganancias y Pobreza: Aspectos económicos del Trabajo Forzoso» (Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour), señala que dos terceras partes del total estimado de 150.000 millones de dólares, es decir 99.000 millones, provienen de la explotación sexual comercial, mientras que 51.000 millones de la explotación forzosa con fines económicos, que abarca el trabajo doméstico, la agricultura y otras actividades económicas.
“Este nuevo informe lleva nuestro conocimiento sobre la trata, el trabajo forzoso y la esclavitud moderna a un nivel superior”, declaró el Director General de la OIT, Guy Ryder. “El trabajo forzoso es nocivo para las empresas y para el desarrollo, pero sobre todo para sus víctimas. Este informe añade un nuevo carácter de urgencia a nuestros esfuerzos para erradicar cuanto antes esta práctica altamente rentable pero fundamentalmente nefasta”.
Las nuevas cifras se basan en los datos de la OIT publicados en 2012 que estimaban el número de personas víctimas del trabajo forzoso, de la trata y de la esclavitud moderna en 21 millones.
Es importante destacar que las nuevas estimaciones indican que más de la mitad de las víctimas del trabajo forzoso son mujeres y niñas, principalmente en la explotación sexual comercial y el trabajo doméstico, mientras que los hombres y los niños son sobre todo víctimas de la explotación económica en la agricultura, la construcción y la minería.
La repartición de las ganancias generadas por la explotación forzosa con fines económicos es la siguiente:
34.000 millones de dólares en la construcción, la industria, la minería y los servicios
9.000 millones de dólares en la agricultura, incluyendo la silvicultura y la pesca.
8.000 millones de dólares ahorrados por los hogares privados que o no pagan o pagan menos de lo debido a los trabajadores domésticos sometidos al trabajo forzoso.
El informe identifica las crisis de los ingresos y la pobreza como los principales factores económicos que empujan a los individuos hacia el trabajo forzoso. Otros factores de riesgo y de vulnerabilidad comprenden la falta de educación, el analfabetismo, el género y las migraciones.
“Mientras se están registrando progresos en la reducción del trabajo forzoso impuesto por el Estado, debemos dirigir ahora nuestra atención sobre los factores socieconómicos que hacen las personas vulnerables al trabajo forzoso en el sector privado”, señaló Beate Andrees, Directora del Programa Especial de Acción para Combatir el Trabajo Forzoso de la OIT.
Andrees instó a adoptar una serie de medidas dirigidas a reducir la vulnerabilidad al trabajo forzoso, que incluyen:
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Reforzar los pisos de protección social a fin de evitar que los hogares pobres contraigan préstamos abusivos en caso de una pérdida imprevista de los ingresos;
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Invertir en la educación y en la formación profesional para incrementar las oportunidades de empleo de los trabajadores vulnerables;
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Promover un enfoque de la migración basado en los derechos a fin de prevenir el trabajo clandestino y los abusos contra los trabajadores migrantes;
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Apoyar la organización de los trabajadores, incluso en los sectores e industrias vulnerables al trabajo forzoso.
“Si queremos producir un cambio significativo en las vidas de los 21 millones de hombres, mujeres y niños víctimas del trabajo forzoso, debemos adoptar medidas concretas e inmediatas”, declaró el Director General de la OIT. “Esto significa colaborar con los gobiernos para reforzar la legislación, las políticas y su aplicación, con los empleadores para fortalecer la diligencia necesaria contra el trabajo forzoso, incluso en sus cadenas de aprovisionamiento, y con los sindicatos para que representen y capaciten a las personas en situación de riesgo”.